La Unión Europea es la primera economía en legislar una "tarifa verde" a las importaciones

El pasado mes de diciembre los países de la Unión Europea (UE) tomaron como bloque la decisión de imponer una tarifa de emisiones de dióxido de carbono (CO2), la cual se aplicará sobre las importaciones de productos contaminantes.

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A partir de la misma, se cobrará una tarifa adicional a las importaciones, proporcional a las emisiones de carbono asociadas con ellas, lo cual incrementaría sustancialmente el precio de los bienes que emiten una gran cantidad de Gases de Efecto Invernadero carbono durante su producción, logrando así que los productos más “limpios” sean más competitivos.

Este esquema, el primero de su tipo a nivel mundial, tiene como objetivo apoyar a las industrias europeas a medida que se descarbonizan, y alcanzará a las importaciones industriales que ingresen a cualquiera de los 27 Estados del bloque regional, centrándose en una primera etapa en los productos con mayor impacto ambiental: el hierro, el acero, el cemento, los fertilizantes, el aluminio, la electricidad, el hidrógeno y algunos productos químicos.

Se espera que este Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés -Carbon Border Adjustment Mechanism-) aliente a los exportadores extranjeros a reducir sus emisiones de carbono y, por lo tanto, ayude en la lucha contra el cambio climático. Peter Liese, uno de los principales negociadores del Parlamento Europeo, señaló a la agencia de noticias Reuters que el CBAM será "la mayor ley climática de Europa, y algunos dicen que del mundo".

En la actualidad, la UE otorga permisos de CO2 gratuitos a la industria nacional de sus países , para protegerlos de la competencia extranjera; pero se planea eliminar gradualmente esos permisos gratuitos cuando se introduzca definitivamente el CBAM, para cumplir con las normas de competencia leal de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El acuerdo exigirá a las empresas que quieran importar bienes a Europa que compren certificados para compensar las emisiones de CO2 integradas en esos productos. Al mismo tiempo, obligará a las industrias y empresas energéticas europeas a reducir sus emisiones más rápido de lo previsto, esto es, en un 62 por ciento de los niveles de 2005 para 2030, en lugar de en un 43 por ciento.

El gravamen fronterizo tiene como objetivo crear un "campo de juego nivelado" al imponer los mismos costos de CO2 a las empresas de la UE y a las del extranjero; protegiendo a la industria europea de ser socavada por bienes más baratos fabricados en países con normas ambientales más débiles. Además, sin el CBAM, a los europeos les preocupa que muchas empresas se trasladen a países con estándares ambientales más bajos.

A su vez, desde las autoridades europeas, se defiende a la medida como una forma de garantizar que las empresas dedicadas a una producción más barata y con alto contenido de emisiones, tengan ventajas sobre aquellas que han invertido en reducir sus huellas de carbono.

Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, afirmó, en conversaciones con el diario británico The Guardian, que "el acuerdo es una primicia mundial. Por primera vez, vamos a garantizar un trato justo entre nuestras empresas, que pagan un precio de carbono en Europa, y sus competidores extranjeros, que no lo hacen. Este es un paso importante que nos permitirá hacer más por el clima mientras protegemos nuestras empresas y nuestros trabajos". Canfin también señaló que la medida podría extenderse a productos manufacturados: “También hemos previsto la futura integración de productos más desarrollados, como automóviles”.

Cabe señalar que estas medidas no estuvieron exentas de críticas de parte de diversos actores del Comercio Internacional, los cuales las interpretan como una nueva barrera comercial proteccionista. El problema no es solo que las empresas de algunos sectores ahora tendrán que pagar una tarifa en la frontera de la UE en función de la cantidad de carbono emitida para fabricar sus productos; sino que también países menos desarrollados pueden carecer de datos de emisiones realmente granulares (requeridos para certificaciones precisas y específicas de productores), lo cual los pone en desventaja.

Por su parte, la UE sostiene que esta medida es parte de un paquete de políticas de cambio climático diseñado para alcanzar su objetivo como bloque de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 por ciento para 2030 y a cero neto para 2050, tomando como referencia los niveles de 1990. Ese objetivo requerirá grandes inversiones de la industria en tecnologías verdes como el hidrógeno e impondrá costos más altos de CO2 a los contaminadores.

Lord Nicholas Stern, el economista del clima y el desarrollo, le dijo a The Guardian: “Los CBAM tienen que ser inteligentes. Tienen que ser simples en definición y operación y estar enfocados en un grupo reducido de industrias relevantes como el acero y el cemento. Si explica a otros países lo que tiene en mente y que no se verán afectados si tienen las políticas correctas, entonces puede tener un diálogo constructivo.” A su vez, sostuvo que “si se los usa como proteccionismo general, eso sería divisivo. Y es importante reconocer que otros países pueden buscar el crecimiento sostenible y la reducción de emisiones de diferentes maneras, y no debe insistir en que todos los países utilicen un precio del carbono, a pesar del gran valor de esa herramienta política”.

La implementación del CBAM comenzará en la segunda mitad del año 2023, por lo cual los países de la UE y el Parlamento Europeo deberán aprobar rápidamente las reglamentaciones necesarias durante este próximo año. La primera etapa culminará en el año 2026, momento a partir del cual el mecanismo quedará completamente establecido.

Esta nueva reglamentación se da en el marco del Pacto Verde Europeo, cuyo rol en las relaciones exteriores de la UE deberá ser definido próximamente por la Comisión Europea, además establecerse de las prioridades del bloque en torno a la sostenibilidad de las cadenas de valor de tecnología limpia y la autonomía estratégica.

La medida pretende ser un gran impulso para cumplir con los estrictos objetivos climáticos de la UE y el primer paso hacia un esfuerzo global equitativo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con el dictamen científico urgente.

Entre todo esto, la UE tiene quizás la mayor tarea de todas: garantizar que nadie se quede atrás en la transición.