El jefe del Comando Radioeléctrico de Álvarez quedó bajo arresto a raíz de una denuncia contra cuatro de la Brigada Motorizada
Foto: Gobierno de Santa Fe.
Los agentes de la policía fueron acusados en diciembre.
Hace casi seis meses, un grupo de agentes de la policía fue detenido en relación a delitos cometidos durante un operativo irregular en el barrio República de la Sexta. La causa se actualizó este miércoles, ya que la Fiscalía pidió el arresto de un subcomisario que actualmente trabaja fuera de Rosario.
Fuentes oficiales confirmaron que el quinto sospechoso es el jefe del Comando Radioeléctrico de Álvarez, aunque vive en la ciudad. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó el allanamiento de su casa por los mismos delitos atribuidos a sus colegas a mediados de diciembre.
La denuncia recibida por el fiscal Pablo Socca se refiere a un procedimiento de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II. En este caso, el nuevo detenido quedó en la mira por privación ilegal de la libertad como autor mediato, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y omisión de investigar.
La causa abierta a fines del año pasado se desprendió de otro expediente en el que un motociclista fue detenido e imputado por delitos que no cometió. Según su declaración, los policías que lo interceptaron en la calle durante un control de rutina le robaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un parlante. Además, le plantaron un arma de fuego para justificar su aprehensión, le pegaron y lo amenazaron de muerte mientras estaba privado de su libertad.
Los uniformados interceptaron al conductor de una Yamaha YBR a las 9.15 de la mañana del 7 de diciembre en la esquina de Esmeralda e Ituzaingó. En primer lugar lo demoraron porque no tenía DNI ni la documentación del rodado.
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Una vez que confirmaron la identidad de la víctima y comprobaron que el vehículo estaba en condiciones legales de circular, los agentes le quitaron un teléfono Xiaomi y lo obligaron a ir a la casa de su hermano en la misma cuadra. Entre golpes y amenazas, los efectivos se llevaron 70.000 pesos en efectivo y otro celular Motorola G6. Este último dispositivo había sido utilizado para filmar el allanamiento ilegal, de modo que pretendían eliminar u ocultar la evidencia.
El acta de procedimiento que recibió la unidad de Flagrancia del MPA omitió todos los delitos antes mencionados e invirtió el orden en el que se desplazaron los imputados. El primer domicilio que figura en el documento se ubica sobre Beruti al 1900, donde arrestaron al motociclista. No obstante, se trata del sitio donde volvieron a capturarlo luego de una persecución desde Esmeralda al 2000.
El despliegue de los cuatro uniformados se extendió hasta las 10.40 de la mañana y concluyó en la vivienda de otro miembro de la familia. El denunciante había logrado escapar por el balcón del tercer piso durante el allanamiento del primer domicilio, pero sus captores pidieron refuerzos por radio y lo hallaron en menos de una hora.
Luego de la recaptura, los policías reportaron el hallazgo de un revólver Orbea calibre 38 con seis cartuchos. En el acta señalaron que el sospechoso lo había descartado sobre el techo de una casa de Pasco al 100 bis. Sin embargo, el fiscal planteó que el arma envuelta en una remera azul pertenecía a los agentes y la utilizaron para justificar el arresto. Dentro de este plan escribieron una declaración falsa del testigo que ocupaba ese inmueble. La discrepancia quedó expuesta porque no mencionaron la prenda cuando hicieron el acta de secuestro de la evidencia.
El último capítulo del operativo trucho tuvo lugar en la comisaría 2ª. El detenido fue amenazado y golpeado para obligarlo a decir la contraseña del teléfono que tenía los videos del allanamiento ilegal. Dado que no accedió, Matías O. se llevó el aparato y la unidad especial de Asuntos Internos lo recuperó el 15 de diciembre, cuando allanaron la casa del efectivo en Juan de la Cierva al 2600. Cuatro días después, el integrante de la Brigada Motorizada quedó bajo prisión preventiva por seis meses junto a Lucas B., Julián M. y Bernardino F..
La Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió excarcelar a los cuatro exdirectivos tras el pago de una fianza individual de 1 millón de dólares.
Por Rodolfo Parody